PUEBLOS INDÍGENAS Y EMPRESAS EXTRACTIVAS EN CANADÁ…                 11

PUEBLOS INDÍGENAS Y EMPRESAS EXTRACTIVAS EN CANADÁ: ¿EXISTE UN “MODELO CANADIENSE”?

Pierre Beaucage

Université de Montréal, Canadá

correo electrónico: pierre.beaucage@umontreal.ca

RECIBIDO: 21 DE SEPTIEMBRE DE 2018; ACEPTADO: 10 DE OCTUBRE DE 2018

Resumen: Partiendo de elementos de la historia de Canadá y analizando conflictos y acuer- dos recientes en Quebec, este artículo quiere mostrar la inexistencia de cualquier modelo ca- nadiense¨ estable de interrelaciones entre los pueblos indígenas y las empresas extractivas. A pesar de un marco jurídico común, las situaciónes concretas varían enormemente de un pueblo a otro, que van del acomodamiento al conflicto abierto; también varían en el mismo pueblo, de un período a otro. Los grupos a los que mejor les ha ido parecen ser los que han sabido salir del contexto exclusivamente comunitario en el que la política indigenista cana- diense los quiso encerrar, para formar frentes intraétnicos amplios (como los cris de Quebec y los inuit de Nunavut) y/o movilizar otras fuerzas sociales dentro de la sociedad civil cana- diense, como los Innu de Ekuanitshit. El disponer de algún recurso-clave ha sido también un factor muy relevante en estas relaciones.

Palabras clave: modelo canadiense, pueblos indígenas, cri, inuit, innu, industrias extractivistas, territorio, autonomía, Canadá, Quebec.

Abstract: Based on elements from Canadian history and analizing recent conflicts and agreements in Quebec, this article wants to show the inexistence of any kind of ‘Canadian model’ of stable interrelations between indigenous peoples and extractive industries. In spi- te of a common juridical framework, concrete situations vary considerably from one people to the other, from accomodation to open conflict ; the same is to be observed within the same people, at different periods of time. The groups with greater success seem to be those who were able to exit from the strict community level where Canadian indigenous policy tried to enclose them, and form either large intraethnic fronts (like the cree in Quebec and Nunavut inuit) and/or mobilize other social forces in Canadian civil society like the Ekuani- tshit Innu.

Key words: Canadian model, indigenous peoples, Cree, Inuit, Innu, extractive in- dustries, territory, autonomy, Canada, Quebec.

INTRODUCCIÓN

Hace algunos años que en diversos foros internacionales se menciona la existencia de un ‘modelo canadiense’ de relaciones entre los pueblos y las organizaciones indígenas, con el Estado canadiense por una parte, y con las empresas extractivas, por otra. Sin que se haya propuesto una definición precisa, se entiende el carácter supuestamente consensual y armonioso de este modelo: se cree que las empresas explotan libremente los recursos y a cambio, los grupos indígenas negocian benefi- cios económicos. Esto contrasta con el modelo conflictivo que predominaría en muchos países de América Latina en donde, según la expresión de un ex- presidente peruano, los pueblos nativos hacen como “el perro del hortelano, que no come ni deja comer al amo”.

Veremos como la realidad canadiense al respecto es mucho más compleja y cambiante que cualquier “modelo”. No pretendo, en el marco de este artículo, hacer una síntesis que valga para el millón y medio de indígenas del país, dividi- dos en más de seiscientas “bandas” y 3 100 localidades, esparcidos entre diez pro- vincias, más el Nunavut, los Territorios del Noroeste y el Yukon (Statistiques Canada, 2011). Eso no se pretende, conoceremos cómo las Primeras Naciones mantienen relaciones diferenciadas y a menudo opuestas con los cientos de empre- sas extractivas, madereras, hidroeléctricas, mineras y petroleras que operan en el país. Además, como veremos, la misma organización indígena puede redefinir su estrategia de forma radicalmente diferente con el paso del tiempo y el transcurso de los años. De este modo, estamos muy lejos de un “modelo uniforme, aceptado y estable” en cuanto a las actitudes y prácticas de los pueblos indígenas relaciona- das con el extractivismo.

Podemos encontrar posiciones contrastadas dentro de las asociaciones indígenas pancanadienses. Por ejemplo, en julio 2018 tuvieron lugar las elecciones a la presi- dencia de la Asamblea de Primeras Naciones (APN), que agrupa a los jefes de las reservas indígenas de todo Canadá. Los debates giraron en torno al grado de “cer- canía” de los candidatos a los gobiernos federal y provinciales, que en la actualidad promueven directamente el extractivismo. El presidente saliente, Perry Bellegarde

—que las corrientes opositoras encuentran demasiado favorable a las políticas extractivistas estatales— logró reelegirse y obtener un segundo periodo para su mandato (Vastel, 2018).

Para entender mejor la situación real, presentaremos a grandes razgos los elementos relevantes de la historia lejana y reciente de Canadá que llevaron a la actual situación político-jurídica de los indígenas. Luego, nos limitaremos a la provincia de Quebec, la más extensa, la segunda en población y que contiene una muestra bastante significativa de las varias interacciones entre pueblos indígenas, Estado y empresas extractivas que se encuentran en el conjunto canadiense. Exa- minaremos detalladamente los conflictos que opusieron, en la década de los seten-

ta, los cri-eeyou de la Bahía de James, en el noroeste, a la paraestatal Hydro- Québec y al gobierno provincial. Por sus impactos en la reformulación de las rela- ciones entre el Estado y los pueblos indígenas en todo el país, mencionaremos el enfrentamiento armado con los mohawk de Oka-Kanehsatake en 1990, y la Paix des Braves (“Paz de los Valientes”) firmada entre el Gobierno de Quebec y los cri- eeyou en 2002. Esbozaremos sus actitudes actuales frente a las empresas mineras, hidroeléctricas y petroleras comparándolas con las de los innu y de los inuit.

LA ECONOMÍA EXTRACTIVA EN LA HISTORIA DE CANADÁ

Durante los 150 años que duró la colonización francesa de Canadá (1608-1759), el interés principal de la metrópoli fue, junto con la pesca del bacalao y la caza de mamíferos marinos en el Golfo de río San Lorenzo, el comercio de pieles con los indígenas. Después de la conquista inglesa de 1760, ese modelo general de “desa- rrollo hacia fuera” (como lo nombrarían dos siglos después los teóricos de la de- pendencia) se mantuvo como una constante de nuestra historia económica: a partir de fines del siglo XVIII, la madera, luego el trigo producido en ranchos campesi- nos, desplazaron hacia el noroeste la economía pielera mientras que en el sur la fuerza de trabajo indígena era sustituida por la de los colonos europeos y de sus descendientes. Los pueblos indígenas de la franja sur fueron presionados para firmar tratados donde cedían sus territorios a la colonización europea. Incluso después del despegue industrial que siguió a la independencia de 1867, las expor- taciones de materias primas desde Canadá fueron siempre más importantes que las industriales por una parte, y por otra permitieron la compra de los bienes de capital necesarios para el proceso de industrialización. Es así como los períodos de alza de precios para las materias primas (por ejemplo, durante las dos guerras mundiales) fueron momentos de auge industrial en Canadá. Al respecto, la situa- ción canadiense es estructuralmente similar a la de México, Argentina y Brasil, que también financiaron el desarrollo industrial llamado “de sustitución de im- portaciones” (1940-1970) gracias a sus exportaciones de productos agrícolas, fores- tales y mineros.

La explotación de esos recursos fue sometida a un mínimo de reglas. En efecto, contrariamente a cierta leyenda dorada que nuestro país deja flotar por el mundo, en Canadá nunca prevaleció una perspectiva de desarrollo sustentable. Se pescó el bacalao y demás especies pelágicas del Atlántico hasta casi acabarlas en fechas recientes; lo mismo está a punto de pasar con el salmón en los dos océanos; tala- mos los pinares de la cuenca del San Lorenzo hasta que no quedó pino blanco; aramos el humus delgado de la pradera occidental hasta que ya no diera trigo sin aplicaciones masivas de fertilizantes. En cuanto al bosque de lluvia en las vertientes occidentales de las Rocallosas, la tala en blanco ha convertido en paisajes lunares

varias zonas; eso, cualquier viajero lo puede observar si se aleja un poco de los circuitos turísticos, donde se mantienen a propósito los «bosques-mamparas» a orillas de carretera. Como se puede imaginar, la condición los pueblos indígenas del país ha sido directamente afectada por varios frentes de la economía extractiva en el país: forestal, minero y energético.

Hasta la década de los sesenta, se veía la destrucción del medio ambiente como el “rescate del progreso” (la rançon du progrès), y se tildaba a los opositores de románticos e idealistas que “querían comerse la tortilla sin aceptar que se quebra- sen los huevos”. Sin embargo, cuando el mismo progreso empezó a tener fallas no solo de dimensiones continentales, sino planetarias, empezaron a surgir en Canadá como en el resto del mundo corrientes de pensamiento que cuestionan los enor- mes costos sociales de este “desarrollo” que pone en peligro la mera reproducción del sistema económico y social actual. En años recientes, la corriente de oposición al saqueo global puso en el mismo lado de la barricada a ecologistas de varias tendencias y a miembros de grupos indígenas.

LOS INDÍGENAS Y LA FORMACIÓN DE CANADÁ

Después de la instalación de los primeros establecimientos franceses a orillas del San Lorenzo, a principios del siglo XVII, prevaleció con los pueblos indígenas una política de alianzas en función de la rivalidad con las nuevas colonias inglesas más al sur. Cada metrópoli tenía sus aliados locales con los que mantenía relaciones comerciales y movilizaba contra la otra colonia. Fue hasta después de la Conquista inglesa de Nueva Francia en 1760, cuando se diseñó una verdadera política de poblamiento europeo del territorio. A nivel jurídico, la “Proclama Real” de 1763, estipuló que antes de instalar a los colonos en los “territorios de la naciones indí- genas” había que firmar con ellas tratados donde aceptaban ceder sus tierras. En toda la franja sur del país, del este hacia el oeste, después de los traficantes de pieles y de los misioneros, llegaron los funcionarios a proponer tratados a los indí- genas: a cambio de una pequeña renta, los indígenas cedían su territorio, salvo una exigua “reserva”. Como resultado, las tierras indígenas legalmente reconocidas en Canadá representan actualmente solo el 0.5% del territorio del país (Commission royale sur les peuples autochtones, 1996: 32). En cuanto a la renta, encontramos cantidades como cuatro libras esterlinas por año, entregadas a cada jefe de familia, pagable en mercancías en los establecimientos de la Hudson Bay Company, que gozaba del monopolio comercial en el oeste y el norte del país.

El resto del territorio, ya considerado “tierra de la Corona”, fue parcelado y distribuido entre los colonos de origen europeo y sus descendientes. A pesar de la correlación de fuerzas muy desigual que imperó durante todo el proceso de firma de tratados (llamados en inglés surrenders, “capitulaciones”), actualmente los

indígenas de Canadá se apoyan en ellos para mostrar que en un momento de la historia, se reconoció su existencia como naciones y su soberanía sobre un territorio. La independencia de Canadá en 1867 no modificó las prácticas coloniales, sino que las sistematizó. La “Ley sobre los indígenas” (Indian Act) de 1876 tenía como objetivo final asimilar a los pueblos nativos. Supuestamente, una vez que estos adoptan suficientemente las costumbres, el idioma y la religión de los colonizado- res, serían “emancipados”; mientras tanto, vivirían en las reservas bajo la tutela del Estado. Desaparecieron de los textos las referencias a las “naciones indígenas”: sólo había “bandas”, una por reserva, cuyo sistema político propio se suprimió, y fue remplazado por un “jefe” y un “consejo” con poderes nominales. Los indíge- nas no tenían derecho de voto en las elecciones provinciales ni nacionales. En cada reserva, quien detentaba el poder real era el “agente” nombrado por el gobierno federal, encargado de vigilar la aplicación de la ley y de controlar los movimientos de la población. Si una reserva obstruía el desarrollo agrícola o si se necesitaban sus tierras por cualquier motivo, las personas indígenas podían ser desplazadas a otro lugar ‘para su bien’. Se mandaba a los hijos de las personas indígenas a internados, donde las congregaciones religiosas se encargaban de incorporarlos por la fuerza a

la religión y la cultura dominantes.

Buena parte del territorio canadiense (más de la mitad, al norte de la franja agrícola) nunca interesó a los europeos por ser inadecuada para la agricultura y la ganadería. No fue sino hasta mediados del siglo XX, en que los pueblos indígenas árcticos y hemiárcticos, como los inuit (esquimales), denes (athapascanes), cris e innus (montañeses), que habitan esta zona, comenzaron a sufrir el encierro en reservas como sucedía en el sur. Sin embargo, recibieron el impacto de la coloniza- ción: desde las epidemias recurrentes hasta la conversión al cristianismo y una paulatina sedentarización. La población indígena de esos territorios consiguió man- tener cierto equilibrio entre el sector de subsistencia (pesca y cacería para comer) y la economía de mercado, fundamentada en la cacería y venta de las pieles. Así se abastecían de medios de producción (escopetas, trampas, anzuelos) y de ciertos bienes de subsistencia (harina, ropa, etc.). Los mismos intereses de las companías pieleras necesitaban que los indígenas se quedaran en posesión de sus territorios de caza.

LA NUEVA INDUSTRIA EXTRACTIVA Y LOS TERRITORIOS DEL NORTE

La Segunda Guerra Mundial marcó un parteaguas para la economía del norte de Canadá, por dos motivos. En primer lugar, después de 1945, la economía pielera entró en una crisis profunda de la que no iba a levantarse: los cambios de moda, la competencia de animales de cría y de las pieles sintéticas fueron facto- res que mostraron la vulnerabilidad de esta monoexportación (Asch, 1977: 52).

Al mismo tiempo, con la guerra, Canadá y Estados Unidos (sobre todo éstos últimos) se habían dado cuenta de la vulnerabilidad de sus fuentes de abasteci- miento en recursos estratégicos, como el petróleo, por la presencia alemana en los mares. Empezó entonces un programa de exploración del norte canadiense, que reveló yacimientos de hidrocarburos, cobre, hierro, asbesto, uranio etc. Esta zona se convirtió en una inmensa reserva de recursos naturales, muy al alcance en caso de conflicto. Y como conflictos no faltaron, desde entonces (Guerra fría, guerra de Corea, guerra de Vietnam...) se continuó la exploración y se empezó la explotación del norte, al principio con capital estadounidense. Digo “se empezó” porque el norte tenía más bien carácter de reserva estratégica para nuestro ve- cino del sur: en tiempos de paz, los altos costos creados por el clima extremo y las distancias hacían poco competitiva la producción en comparación con los países del Tercer Mundo (por ejemplo el oro de Sudáfrica o el petróleo de Ve- nezuela).

Pero la expansión del capital extractivo al norte se enfrentaba con un pro- blema: la presencia de los indígenas, amerindios e inuit.1 Ahora menos afectados por la epidemias, su número empezó a crecer a partir de los años 1920. Algunos pueblos indígenas del noroeste cedieron formalmente sus tierras: cris, chipewyan y beaver (Tratado 8), y denes del norte (Tratado 11). A diferencia de los trata- dos anteriores, éstos no se hicieron para dar lugar a la colonización agroganade- ra, imposible por las condiciones climatológicas, sino porque se habían encontrado en el área importantes recursos mineros: oro (Tratado 8) y petróleo (Tratado 11) (Waldram, 1988: 36-39). Con la nación métis (mestiza) que también habita allá, no se negoció, puesto que el sistema canadiense de exclusión del estatuto indígena (Indian Act de 1876) no les otorgaba derecho alguno (Savard et Proulx, 1982: 143). Además, se habían sublevado dos veces en contra de la desposesión de sus tierras, y estas cosas no se olvidan fácilmente... En el norte de Québec no hubo ningún tratado ni con los cri-eeyou, ni con los nishnabe (al- gonquinos), ni con los innu, ni con los inuit: las empresas forestales, forma histó- ricamente dominante del extractivismo, talaron los bosques a su antojo en sus tierras, consideradas “tierras de la Corona”.

Después del 1945, las políticas indigenistas del gobierno canadiense se exten- dieron al norte. Como anteriormente en el sur, se trataba de concentrar a los nativos en algunos puntos, para que dejaran sus actividades de caza y pesca, para de esta manera “liberar” el territorio. Para ello utilizó la coyuntura de crisis de la

1 Los pueblos indígenas de Canadá se distinguen entre sí en dos categorías: los que históricamen- te fueron llamados “indios” o “amerindios” (ahora “Primeras Naciones”) y los “esquimales” (ahora inuit) que se encuentran en el extremo norte del país.

industria pielera, a la que hemos aludido. A cambio de una relocalización, tuvie- ron que mandar a sus hijos a los famosos “internados indígenas” del sur.2 Los indígenas no vieron llegar a miles de colonos europeos como en el sur, pero sí, tuvieron que acomodarse en el vecindario de empresas forestales, mineras e hidroeléctricas a las que les bastaba un permiso de los gobiernos, federal y pro- vincial para realizar sus operaciones.3 Los únicos núcleos permanentes de pobla- ción no-indígena eran pequeñas ciudades mineras o relacionadas con la transformación de la madera.

A principios de los años sesenta, el resultado de esta política fue la formación de una sociedad indígena menos homogénea en el norte de Canadá. Una parte creciente de la población se sedentarizó alrededor de las misiones y de los anti- guos puestos de comercio pielero. Otra parte de las familias siguió el modo de vida tradicional de caza y pesca, que obliga a largas expediciones en los bosques. Para los sedentarizados, era difícil mantener esas actividades, puesto que los alrededores fueron rápidamente desprovistos de animales, y los hombres solos no podían ausentarse mucho tiempo tierra dentro (sin las mujeres para cocinar y transformar las pieles). Creció la dependencia de las prestaciones del gobierno. A varios jóvenes que regresaron de los internados, el gobierno ofreció algún pues- to subalterno en la administración local o la enseñanza, esperando que fueran dóciles correas de transmisión de la nueva política de sedentarización-evacuación del territorio. Otros se emplearon como guías de turistas. A pesar de estos cam- bios, sin embargo, la “comida de monte” (carne y pescado) seguía siendo funda- mental en estas zonas donde el costo del transporte hace prohibitivos muchos alimentos importados (Rushforth, 1977). Un hecho muy significativo para el futuro, fueron las políticas educativas que estaban formando una intelectualidad nativa en las comunidades y en las ciudades. Esos jóvenes adquirían una visión mucho más precisa que sus padres del sistema político y legal del país y de las

2 Décadas después se escandalizó la opinión pública canadiense cuando los ex alumnos dieron a conocer los abusos físicos y sexuales a los que fueron sometidos en los internados.

3 En 1961, me tocó trabajar en una mina de hierro de tajo abierto en la Costa norte del Golfo del San Lorenzo. Para acarrear el mineral, la Quebec Cartier Mining, de propiedad estadounidense, construyó un ferrocarril de doscientos kilómetos hasta la costa: se tuvo que desviar el río Rivière- aux-Roches por el que transitaban los innus para sus territorios de caza. Por supuesto no hubo ni consulta ni indemnización. ¡La empresa se vanagloriaba de su generosidad al permitir a los indígenas de circular gratis en el tren para ir y venir entre sus campamentos y su pueblo en la costa! Veinte años después de su construcción, se arrasó la pequeña ciudad minera de Gagnon, dejando como testimonios de la presencia minera una montaña de escorias y un lago de aguas contaminadas.

luchas anti-coloniales que se llevaban en otras partes del continente y del mun- do. Estos jóvenes tomaron el liderazgo en los decenios siguientes.

“LIBRO BLANCO” Y “MANIFIESTO ROJO”:

“EL ‘NUEVO DESPERTAR INDÍGENA’”4

En 1968, fue elegido un nuevo primer ministro, Pierre Elliot Trudeau, cuyo pro- grama reformista pretendía transformar a Canadá en una “sociedad justa”. En 1969, el mismo gobierno propuso un “libro blanco” (white paper)5 para resolver “el problema indígena”: integrarlos de golpe, terminando con su estatuto especial, con el Indian Act de 1876 y con las reservas. Estas diminutas tierras donde vivía una gran parte de la población indígena era lo único que se consideraba entonces como “territorios indígenas”: el gobierno proponía cambiarlas en simples munici- pios y convertir a sus residentes en ciudadanos comunes. El “libro blanco” circuló y sus propuestas fueron rechazadas casi unánimemente por los indígenas. El escritor cri Harold Cardinal respondió inmediatamente con un libro titulado La sociedad injusta: la tragedia de los indios de Canadá. El libro decía, en sustancia: “la condi- ción deplorable de los indígenas de Canadá resulta de siglos de política injustas de parte de los gobiernos blancos y no se puede corregir esta situación con una injus- ticia mayor: privándolos de su identidad y de sus territorios” (Cardinal, 1969).

Este “manifiesto rojo”, que hizo obsoletas las propuestas del “libro blanco”, cristalizó la toma de conciencia creciente de un sector indígena joven y más educa- do. Bajo este nuevo liderazgo, se conformaron organizaciones indígenas que em- prendieron paralelamente la lucha jurídica y constitucional a nivel nacional y luchas regionales contra el despojo territorial que se aceleraba a manos de empre- sas extractivas.

Canadá —que no tenía aún constitución propia—6 era entonces el escenario de un cuestionamiento en otro frente: en la provincia francófona de Quebec amplios

4 Por supuesto esta expresión no significa que no hubo protestas indígenas antes de estas fechas contra el despojo territorial. La más célebre fue la “rebelión de los mestizos” que opuso en 1870 y de nuevo en 1885, los Métis de la pradera occidental a la expropiación a favor de la empresa ferrocarri- lera y de colonos de origen europeo. Fue derrotada por el ejército británico, y su líder Louis Riel, ahorcado en 1885.

5 En la tradición política canadiense, se llama white paper (“libro blanco”) un documento donde se expresa un programa legislativo, antes de detallarlo en proyectos de ley.

6 Canadá se hizo país soberano en 1867, no después de una lucha armada, como Estados Unidos o los países del antiguo imperio español, sino por un “acuerdo entre señores” (gentleman’s agree- ment): representantes de las provincias fundadoras elaboraron un documento que fue después apro- bado por el Parlamento de Londres bajo el nombre de British North America Act (“Acta de

sectores se inclinaban hacia la independencia. Se formó un partido independentista, el Parti Québécois, que ganó las elecciones provinciales en 1976. El gobierno fede- ral multiplicó los contactos con las autoridades provinciales con el fin de elaborar una constitución política que permitiera la incorporación definitiva de la provincia de Quebec. Los indígenas no fueron incluidos en las primeras rondas de negocia- ciones, que desembocaron en la Constitución Canadiense de 1981. Protestaron ante los tribunales, exigiendo el reconocimiento de sus derechos inherentes al territorio. La adopción de la Constitución canadiense (con abstención de Quebec) no puso fin a las reivindicaciones indígenas: más bien, la Corte Suprema declaró sus dere- chos territoriales “no extinguidos” por la creación del país y ordenó al gobierno federal negociar con sus representantes.

En este ambiente efervescente, durante las últimas cuatro décadas se desarro- llaron las luchas indígenas por su territorio, frente al Estado, federal y provincial, y frente a las empresas extractivas. Ésas luchas han sido marcadas por momentos de conflicto agudo, como la crisis de Oka-Kanehsatake, de 1990, movilizaciones pacíficas, como la peregrinación de los cris-eeyou hasta Estados Unidos, en 1995, actos políticos, como la Conferencia de Charlottetown de 1992 (fracasado el inten- to de incorporar a la vez la provincia de Quebec y los pueblos indígenas en el acuerdo constitucional de 1982) y el acuerdo regional entre los cris-eeyou y el Gobierno de Quebec de 2002, llamado La Paix des Braves (“La Paz de los Valien- tes”).

INDÍGENAS Y EXTRACTIVISMO : LOS CRI-EEYOU E HYDRO-QUÉBEC, ACTO 1

La crisis energética mundial de 1973 estimuló grandes proyectos de explotación de hidrocarburos y recursos hidroeléctricos en el norte del país, en territorios que nunca habían sido cedidos por los indígenas para la colonización. En los Territo- rios del Noroeste, los denes y métis iniciaron la lucha contra la construcción de un oleoducto norte-sur (Proyecto Foothills) por una transnacional canado- estadounidense (Arctic Gas).

En Quebec, el primer ministro Robert Bourassa, ya había anunciado lo que según él, iba ser la base de un nuevo despegue industrial para una provincia gol- peada por el cierre de empresas y la desocupación: una serie de megaproyectos hidroeléctricos en la Bahía de James, al Norte, bajo el alto mando de la paraesta-

Norteamérica Británica”). El Reino Unido conservó hasta 1917 el control de la política exterior y de la inmigración en el nuevo Dominion. Si bien se reconocía la autonomía interna de las provincias (entre otras la de Quebec, donde viven la mayoría de los francófonos) las “reservas indígenas” eran administradas directamente por el gobierno federal.

tal Hydro-Québec. Su finalidad: exportar electricidad al noreste de Estados Uni- dos, donde un aumento rápido del consumo hacía subir mucho el precio (alza que se aumentó después de la crisis del 1973). En su declaración pública, el Primer Ministro Robert Bourassa no hizo siquiera mención de los miles de cris e inuit (esquimales) que habitaban el área. Tampoco mencionaron a los oponentes al proyecto. Los indígenas todavía eran “el pueblo invisible”7. De hecho, los indígenas de allí fueron los últimos en ser informados en toda la provincia de Quebec acerca del megaproyecto.

La primera respuesta indígena organizada al proyecto de la Bahía de James vino de la Asociación de los Indios de Quebec (AIQ), formada unos años antes por Max GrosLouis, líder histórico de los wendats (hurones), concentrados cerca de la ciudad de Quebec. La AIQ demandaba compensaciones por las tierras indígenas de la provincia, expropiadas sin ser nunca cedidas por tratado. Estas incluyen los propios territorios de caza y pesca de los wendats, convertidos en “parque provin- cial” por el gobierno. La AIQ protestó contra la expropiación de la Bahía de James y convocó a varias reuniones con los miembros de los pueblos indígenas de Que- bec, entre ellos, a jóvenes cri-eeyou que estudiaban en las ciudades. Éstos, poco después, recorrieron las comunidades afectadas y entre todos decidieron formar su propia asociación, el Gran Consejo de los Cris. Exigieron negociaciones con el go- bierno provincial y la paraestatal, pidiendo para ello apoyo financiero al gobierno federal (en este momento en desacuerdo con el provincial sobre temas constitucio- nales).

En un primer momento, parecían muy pocas sus posibilidades de obtener cualquier victoria. Las dificultades de comunicación con los grupos de cazadores eran tremendas, pues se asentaban en las zonas más aisladas de Quebec. Además, la dimensión medioambiental de su lucha todavía no era evidente, puesto que Hydro-Québec basaba su publicidad en el tema de la “limpieza” ecológica de la electricidad, en comparación con los combustibles fósiles.

En 1972, los indígenas cri-eeyou de la Bahía de James reclamaron ante los tribunales la interrupción del mega-proyecto y, contra toda expectativa, el juez Albert Malouf ordenó una investigación a fondo sobre sus impactos, medioam- bientales y sociales, la que duró un año. Al final, el juez marcó un precedente importante en la historia del país, decidiendo que se debían suspender los trabajos en vista de los “perjuicios irreparables” que estos iban a causar a los autóctonos, quienes sacan su subsistencia de allí “desde tiempos inmemoriales” y “desean conti- nuar su modo de vida”. Además, retuvo el argumento de que la obra comprome-

7 Así se titula (La peuple invisible) la película de Richard Desjardins y Robert Monderie sobre los nishnabe (algonquinos) del centro-oeste de Quebec.

tía “su existencia propia como pueblo” (Malouf, 1973: 72). Las relaciones de los cri e inuit con el medio ambiente, tanto materiales como simbólicas, fueron, al parecer, el factor clave de la decisión, así como su oposición general al proyecto (ibid.). Por primera vez en la historia de Canadá, un tribunal establecía que los indígenas tenían derechos inherentes y permanentes a sus territorios, y no eran simples “ocupantes temporales” de las tierras públicas. La lucha de los cri-eeyou tuvo una repercusión pancanadiense y cuyo precedente legal sería citado en los años siguien- tes en todo en país.

El gobierno de Quebec, aunque logró hacer revertir la decisión por la corte de apelación, se vio obligado a negociar con las organizaciones indígenas un arreglo de conjunto, dando origen al Convenio de la Bahía de James. Este se firmó en 1975, con representantes indígenas de toda el área (salvo tres aldeas inuits disiden- tes). De forma similar a los antiguos tratados, ese “Primer Tratado Moderno” pretendía “extinguir” los derechos indígenas sobre la mayor parte del territorio, a cambio de una importante compensación monetaria, de obras de infraestructura y de un derecho de caza y pesca en todas las zonas no utilizadas. Aparecieron des- pués los impactos negativos: se mudó a un pueblo entero, se inundaron 11 mil kilómetros cuadrados de tierras de cacería y pesca de la cuenca del río La Grande, y la tasa elevada de methyl-mercurio en las represas (que resulta de la descompo- sición acelerada de millones de árboles y del humus de superficie) hizo peligroso por largo tiempo el consumo de pescado, principal alimento del pueblo cri. El control general del “desarrollo” del área quedó en las manos de la paraestatal Hydro-Québec, a través de su sociedad filial La Société de développement de la Baie James. Y las rentas entregadas a los indígenas por los diversos programas representan una ínfima parte de las ganancias de la paraestatal con la exportación a Estados Unidos de la energía de la Bahía de James.

Sin embargo, el proceso de negociación propició la creación de la primera enti- dad política indígena supra-comunitaria, el Gran Consejo de los Cri-Eeyou, cuyos representantes negociaron a nombre de todas las comunidades. El Gran Consejo exigió y logró obtener el manejo sobre la gestión de los recursos faúnicos. Para ello se creó el Programa de Seguridad de Ingreso para cazadores y pescadores, el cual fue responsable no sólo de la sobrevivencia de estas actividades, sino de cierta expansión. Varios indígenas habían tenido que abandonar las largas expediciones de caza y pesca tierra adentro, porque el valor muy reducido de las pieles las hacía ya incosteables. De 1975 en adelante, es un comité indígena de cada comunidad quien proporciona a los cazadores su equipo y sus víveres, permitiendo así el abas- tecimiento de las comunidades. Se observó un alza en el número de participantes, incluyendo muchos jóvenes (Feit, 1986).

El Gran Consejo se consolidó aún más después de las negociaciones. Si bien, jurídicamente, el Gran Consejo tiene un estatuto comparable al de un gobierno

municipal, su legitimidad dentro del pueblo cri-eeyou le permite enfrentarse a los niveles superiores de gobierno con una mayor posición de fuerza, como se vió en los años siguientes. A nivel político, los cris supieron manejar hábilmente la rivali- dad entre Ottawa y Québec. En efecto, después de la llegada al poder en Quebec del partido independentista (Parti Québécois), en 1976, el gobierno federal descu- brió que los derechos territoriales indígenas en Quebec podían constituir un fuerte obstáculo a la eventual independencia de la provincia francófona, puesto que las tierras indígenas del norte forman alrededor de la mitad de su superficie total.

INDÍGENAS Y EXTRACTIVISMO: LOS INUIT DE NUNAVIK8

Al norte de paralelo 55, la población de Quebec es inuit: 13 mil de ellos son casi los únicos habitantes de un territorio de 507 mil kilómetros cuadrados. Ya tenían cierta experiencia organizativa en las cooperativas de artesanos pero el Proyecto de la Bahía de James sirvió de detonador para su organización política: afectaba a tres comunidades inuit de la parte occidental. Se formó la Société Makivik para nego- ciar con los representantes de Hydro-Québec y del Gobierno. Poco después se creó la Administración regional Kativik, como primer paso hacia un gobierno autónomo del conjunto de Nunavik. En 1987, se organizó un referéndum en todas la comunidades, en el cual los inuit decidieron la elección de coordinación única, la Comisión constitucional de Nunavik (1989) para negociar su autonomía con los dos niveles de gobierno. Se estancaron las negociaciones, pero se reactiva- ron en 1999. El proceso fue largo y lento, con numerosas interrupciones, pero en 2007, la Société Makivik y los gobiernos provincial y federal firmaron un acuerdo sobre la transferencia de jurisdicciones en materia de educación, de salud y asisten- cia, de seguridad pública y de transportes. Las negociaciones, en las que participó el gobierno federal (que tiene jurisdicción sobre los inuit) implicaron esencialmente el sector de servicios. De entrada, como en el caso de otras áreas septentrionales, las decisiones finales sobre la explotación de los recursos de subsuelo quedaron en manos del gobierno, en este caso, provincial.

El acuerdo final sobre autononomía regional de Nunavik, firmado entre las partes en enero de 2011, preveía la creación de una asamblea regional de 21 miembros con su comité ejecutivo, de cinco. Dicho acuerdo fue rechazado por referendum en abril del mismo año (67% de “no”). Al parecer, tanto la poca parti- cipación (apenas 54%) como el rechazo tiene que ver con el bajo presupuesto asig- nado al gobierno regional, que no permite avanzar hacia la solución de los

8 “Tierra grande” en la variante oriental del idioma inuktitut (esquimal). El nombre fue adop- tado oficialmente por referéndum en 1986.

importantes problemas sociales que perciben los habitantes de la comunidades, como la insuficiencia de la vivienda, la deserción escolar y la violencia familiar.9

La negociaciones de los gobiernos con los inuit de Quebec nunca tuvieron el carácter antagónico que caracterizó las con los cri-eeyou. Los inuit del Nunavik no tienen en su territorio recursos naturales estratégicos que obliguen a las autorida- des políticas a negociar con ellos en términos favorables, aceptando estructuras autonómicas y proponiendo una renta importante a cambio de derechos de explo- tación.

En cuanto a sus relaciones con el sector extractivo, no hay datos públicos sobre las aportaciones económicas ni sobre el impacto ambiental de la única mina de Nunavik, Raglan Mine, propiedad de la transnacional Glencore, que extrae níquel al extremo norte del territorio. El mineral se exporta por barco durante la corta temporada cuando el mar está libre de hielo. La fundición se hace en Ontario y el níquel se refina en Escandinavia. El impacto social parece limitado. Siguiendo la modalidad más frecuente ahora, a los mineros (950, según la empresa) los traen por avión de la ciudad minera de Rouyn-Noranda, en el sur, para trabajar un turno intensivo de varias semanas. También traen por avión a sus pocos emplea- dos inuit (Raglan Mine, 2018). Obviamente, la administración regional no está en posición de exigir altas transferencias ni la creación de un determinado número de empleos locales.

El ejemplo de estos dos gobiernos regionales indígenas en Quebec, ilustra las posibilidades y los límites del marco legal y político canadiense en lo que toca a las relaciones de los pueblos indígenas frente a las empresas extractivas. En el mo- mento de la firma del Convenio de la Bahía de James, la unión de los cri-eeyou en el Gran Consejo, aunque no pudo impedir la inundación de sus tierras, logró presionar a la paraestatal Hydro-Québec y al gobierno lo suficiente para conseguir una importante redistribución económica. Sobre todo, se formó una organización que les servirá más tarde, como veremos. Los inuit de Nunavik tambien pusieron en pie entonces una organización regional, pero en ausencia de recursos naturales estratégicos, no pudieron ejercer tales presiones. Al mismo tiempo, sin contraparte económica significativa, las bases se desinteresaron del proceso, de tal modo que ni se logró la etapa final del autogobierno.

9 Gouvernement du Québec (2011). Para una descripción de estos problemas cotidianos, véase Breton, 2012.

1990: LA CRISIS DE OKA-KANEHSATAKE Y SUS EFECTOS

En 1990, la lucha territorial de las Primeras Naciones se desplazó abruptamente del nivel económico al nivel político, y se hizo más violenta. Los mohawk (ganienkeha- ka) de la comunidad de Oka-Kanehsatake, situada a unos pocos kilómetros al norte de Montreal, están asentados en un territorio en el que la congregación religiosa de Saint-Sulpice pretende tener derechos señoriales.10 A principios de 1990, los religio- sos vendieron a un promotor inmobiliario un pinar, porción sustancial de su territo- rio, para la construcción de un campo de golf y de un conjunto de residencias privadas de lujo. Este terreno incluía nada menos que el cementerio de la comuni- dad. El 11 de marzo de 1990, jóvenes mohawks, pertenecientes a la Sociedad de los Guerreros (Warriors) erigieron una barricada simbólica en el camino que lleva al pinar. A fines de abril, la carretera que lleva al pueblo estaba completamente blo- queada por Warriors armados. La tensión subió durante las semanas siguientes. El 29 de junio, el Tribunal Superior de Justicia de Quebec ordenó el desmantelamien- to de la barricada: los mohawks se negaron. La policía rodeó la comunidad y, el 11 de julio, se lanzó al asalto: un policía resultó muerto. Se retiró la tropa, mientras que los mohawks de otro pueblo, Kahnawake, cerraban uno de los puentes de acceso a Montreal, en solidaridad con los de Kanehsatake, y abastecían por el río a sus her- manos. El 11 de agosto, a petición del gobierno de Quebec, 2500 soldados del ejérci- to canadiense sitiaron Oka-Kanehsatake. La Confederación Iroquesa de las Seis Naciones (Ho-De-No-Sau-Nee, a la que pertenecen los mohawks) propuso su mediación y firmó un acuerdo con el ministro quebequense delegado para asuntos indígenas, John Ciaccia, el cual, el gobierno nunca quiso ratificar. Sin embargo, el 31 de agosto se levantaron las barricadas. A fines de septiembre, se rindió el último grupo de los insurrectos. Hubo cuarenta detenciones y acusaciones de homicidio. Después de un largo pleito salieron libres los acusados. El pinar quedó de la comu- nidad.

La “crisis de Oka” tuvo repercusiones en todo Canadá. Más allá del pésimo ma- nejo de la situación por el Gobierno de Québec, presidido por Robert Bourassa, la

10 Durante la colonia francesa (1608-1760), se implantó en el valle del San Lorenzo un sistema de tenencia señorial similar al que imperaba en la metrópoli. Es así como los monjes sulpicianos obtu- vieron una merced de tierras, la Seigneurie du Lac-des-deux-Montagnes, con tal de que “velasen por el bienestar” de los indígenas allí asentados. El sistema señorial quedó suprimido en 1854, pero varias congregaciones religiosas lograron sustraerse a la reforma. Sin embargo, su título señorial no es equivalente a la propiedad privada y no permite expulsar a los usuarios de la tierra, como lo preten- dió la congregación. Para un análisis detallado de lo sucedido en Oka-Kanehsatake, véase Trude, 2009.

crisis reveló a la opinión pública canadiense y a los políticos de turno que bajo la apariencia de paz y orden (otro “modelo canadiense”), crecían los problemas y que una población indígena cada vez más numerosa, educada y consciente de sus dere- chos, cuestionaba el viejo molde del Indian Act, con cien años de antigüedad, y que sabía acudir a la acción directa cuando sus derechos le eran negados.

Así se entiende porqué, para la conferencia constitucional de Charlottetown, en 1992, a diferencia de las anteriores, el gobierno federal invitó a las cuatro principales organizaciones indígenas de Canadá: la Asamblea de Primeras Naciones, que agrupa a los jefes de las reservas indígenas, el Consejo Nacional de Indígenas de Canada, que representa a los que viven fuera de las reservas; Inuit Tapirisat de Canadá, que reune a los inuit y el Consejo national de los mestizos [Métis], que reclaman también el estatuto de pueblo indígena. Con los representantes de las diez provincias, exami- naron el documento de base “Construir juntos el porvenir de Canadá” (Construire ensemble l’avenir du Canada) e hicieron propuestas. Al final de sus deliberaciones propusieron la descentralización de varios poderes y recursos federales hacia las provincias. Esto incluía el estatuto de “sociedad distinta” para Quebec y, por primera vez, el derecho a la autonomía gubernamental para los pueblos indígenas. El Acuerdo de Charlottetown fue sometido a un referendum pancanadiense… y re- chazado por 54.3% de los votantes. Para muchos canadienses, eran demasiadas con- cesiones a los quebequenses y a los indígenas mientras que, para estos, eran demasiado pocas. Sin embargo, salían ganando las Primeras Naciones, pues se les reconocía ya como parte integrante de la diversidad canadiense.

1991-1996: LA COMISIÓN REAL SOBRE PUEBLOS INDÍGENAS Y SUS SECUELAS

El fracaso de las conferencias constitucionales, después del 1982, indicaba la imposi- bilidad, en ese momento histórico, de proponer un modelo de país que convenga a todos los componentes étnicos y territoriales de Canadá. Mientras tanto, en 1991, se había nombrado una Commission Royale Sur les Peuples Autochtones (CRPA) para hacer un diagnóstico (¡uno más!) y proponer soluciones. La gran innovación fue que de siete comisarios, cuatro eran indígenas. Al igual que sus dos co-presidentes, el abogado quebequense René Dussault y el líder dene Georges Erasmus, se tomaron el encargo muy en serio.

Según su informe, el gobierno canadiense debía “reconocer los perjuicios que el colonialismo había causado, privando a las naciones indígenas de sus tierras y sus recursos, y perturbando su vida familiar, sus prácticas espirituales y sus estructuras de gobierno” (CRPA, 1996: 27). Porque los pueblos indígenas son naciones y tienen “derecho a dirigir sus vidas y de controlar sus gobiernos y sus tierras, no como un favor… sino como derecho inherente de pueblos que habitan un territorio desde tiempos inmemoriales” (ibid.: 26). La Comisión proponía reconocer tres órdenes de gobierno en el país: el federal, el provincial y el indígena (ibid.: 25). Esos tres órdenes

compartirían la soberanía, de la misma forma que hoy la comparten el gobierno federal con las provincias. Por supuesto, a la par de las nuevas responsabilidades, se debían repartir los recursos financieros. La Comisión insistía sobre el hecho