NOTAS ETNOGRÁFICAS SOBRE LAS RESISTENCIAS…                        55

NOTAS ETNOGRÁFICAS SOBRE

LAS RESISTENCIAS INDÍGENAS A LAS MINERAS: DEL CRIMEN COMETIDO AL DELITO POR COMETER

 

Pierre Beaucage

Département d’anthropologie, Université de Montréal, Quebec, Canadá correo electrónico: pierre.beaucage@montreal.ca

 

RECIBIDO: 14 DE JUNIO DE 2019; ACEPTADO: 14 DE AGOSTO DE 2019

 

 

El presente artículo está hecho de mi trabajo de campo. Son las notas que quiero compartir para destacar la importancia que en este momento tiene la lucha de las organizaciones indígenas y campesinas contra los proyectos de minería llevados a cabo en México y en otros países de Latinoamérica.

 

Chicomuselo, Chiapas, 28 de junio de 2019

 

Cuatro horas de carretera después de San Cristóbal de Las Casas, llegamos a Chicomu- selo, casi en la frontera de México con Guatemala. Estamos en clima cálido: las milpas y los potreros se intercalan con pequeños huertos de café y plátanos. Me acompañan dos periodistas de la cadena estatal de televisión de Radio-Canadá ¿Por qué nuestra visita a un municipio que queda fuera de los grandes destinos turísticos? Porque aquí mismo, hace diez años, Mariano Abarca, que luchaba contra los destrozos de una minera cana- diense, Blackfire Explorations, fue asesinado al salir del pequeño restaurante familiar. Por más de un año había sido el líder de la oposición a la explotación a tajo abierto de una mina de barito.1 La entrada en operación de Blackfire (acelerada gracias a los trá- mites de la embajada canadiense en México) había llevado al desalojo de doscientas fa- milias de los ejidos de Grecia y Nueva Morelia, que fueron reubicadas en tierras inadecuadas para la agricultura. La mina había contratado solamente a 25 hombres, a pesar de las promesas iniciales (Ballesteros, 2009). Residuos mineros contaminaban el río, cerca de Nueva Morelia. Ya en el 2008, aparecieron tensiones importantes entre la em- presa y los ejidatarios de Nueva Morelia en cuyas tierras se había trazado el camino de acceso a la mina.

 

1 El barito, o sulfato de bario, entra en la composición de los fluidos que facilitan los barrenos petroleros.

 

Mariano Abarca, de oficio albañil y quien antes había sido regidor, veía y oía como todos, el vaivén incesante de los camiones de diez toneladas en las calles estrechas de la cabecera municipal. Había buscado y obtenido información sobre las consecuencias de la minería de tajo abierto en otras partes de México, que son siempre las mismas: falsas pro- mesas de empleo y de “progreso” y la realidad de la contaminación del aire y del agua. “Mariano —nos contó su viuda—, consiguió videos y recorrió los pueblos de la región para movilizar a la gente contra esa devastación. Un día, una señora anciana lo vino a ver: “Don Mariano, hay que hacer algo! Mi casa se está escayolando. ¡Un día me va caer en- cima!” Mariano reunió a unos vecinos del pueblo y decidieron bloquear el paso al tráfico de camiones en la calle principal. Eso fue en julio de 2009. En consecuencia, “empezaron las amenazas —continúa su hijo José Luis— pero mi padre no era de los que se dejan amedrentar”. En agosto, junto con los otros opositores a la mina, organizaron aquí en Chocomuselo el Segundo Encuentro de la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA). Participó gente de otros estados, así como de Guatemala y Canadá.

“El 17 de agosto, mi padre fue raptado por hombres armados. Salimos a buscarlo y descubrimos que se lo habían llevado hasta la capital del estado, Tuxtla Gutiérrez, Chia- pas, donde estaba encarcelado bajo arraigo.2 Frente a las protestas que este acto provocó, lo tuvieron que liberar después de ocho días”. El encuentro de la REMA tuvo lugar, como estaba previsto, los días 29 y 30 de agosto. Con ello se dio a conocer más ampliamente la lucha contra Blackfire. Era demasiado. El 27 de noviembre, depués de denunciar en vano, nuevas amenazas, Mariano Abarca fue asesinado por un hombre armado, identificado más tarde como un ex subcontratista de Blackfire (Moore y Colgrove, 2013: 24).

Se organizaron protestas en varias regiones del país donde la REMA está presente e incluso, el 3 de diciembre se hizo una manifestación frente a la Embajada de Canadá, en la Ciudad de México. Según José Luis, hijo de Mariano, “… siempre la empresa pensaba que con la muerte de mi padre, se quebraría el movimiento. Pero fue el contrario: se encontró al centro de las acusaciones. Así que se fueron corriendo de Chicomuselo”. El 7 de diciembre de 2009, la Secretaría de Medio Ambiente del estado de Chiapas decla- raba el cierre de la mina Payback por la erosión y la contaminación del agua que había provocado (Moore y Colgrove, 2013: 26).

El movimiento REMA-Chiapas exigió y obtuvo una investigación policiaca, pero ésta se limitó a buscar al autor material del crimen, sin preguntarse sobre la responsabilidad de Blackfire. Por su parte, la embajada de Canadá continuó apoyando firmemente a la em- presa, incluso después del asesinato, a la vez que se negaba sistemáticamente a encontrar a los familiares y a los representantes de REMA (Moore y Colgrove, 2013: 30).

Pasaron los años, en noviembre 2017, miembros de REMA viajaron a Canadá para depositar una queja contra el comportamiento del personal de la Embajada de Canadá,

 

2 La Ley del arraigo, prolonga la cárcel preventiva hasta por tres meses, sin acusación. Cuando se presentó su caso, se justificó su detención por las necesidades de la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado. En realidad, como vemos aquí, esta supuesta lucha contra el crimen organizado se utiliza para criminalizar a la oposición social y política.

 

en la oficina responsable del buen funcionamiento de la administración pública. Después de meses de espera, se rechazó la queja.

En junio de 2019, cuando yo evocaba con la familia de Mariano la reciente nomina- ción de Sheri Myerhoffer como “Ombudsman Canadiense por la Responsabilidad de las Empresas” (OCRE), encargada de investigar sobre las violaciones de derechos huma- nos por las empresas mineras canadienses al extranjero,3 me contestó José Luis: “Con- servamos la esperanza de que se haga la justicia algún día”. De regreso a Montreal, yo tuve que informarle por correo electrónico que los miembros del comité de asesores de la OCRE que provenían de la sociedad civil habían renunciado en bloque, para protestar contra la ausencia de poderes de investigación reales de la señora Myerhoffer: ni siquiera puede obligar a una empresa que está siendo acusada a presentarse ante ella.

 

 

IXTACAMAXTITLÁN, PUEBLA, 22 Y 25 DE JUNIO DE 2019:

UN DELITO POR COMETER

 

Si Blackfire se fue, otros se quedaron. A Ixtacamaxtitlán, en la Sierra Norte de Puebla, otra minera canadiense, Almaden Minerals, estaba en conflicto con la Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua, que agrupa a varios pueblos indígenas y campesinos de la zona. Hace diez años la empresa obtuvo sin mayor problema de la Dirección de Minas dos amplias concesiones en la región por un total de 7 200 hectáreas. Los barrenos reve- laron la presencia de un rico yacimiento de oro. Con la aprobación —abierta— de las autoridades municipales, la minera (que aquí trabaja bajo el sello de su filial “‘Minera Gorrión”) pensaba empezar a operar rápidamente una mina de tajo abierto. No contaba con la anuencia y aprobación de los habitantes, poco interesados en abandonar su apa- cible existencia de agricultores de maíz y maguey. Jóvenes del lugar, incluso unos que trabajan en una institución regional de enseñanza superior, el CESDER, se informaron de las consecuencias desastrosas que tendría esa mina sobre el medio ambiente. En esa región semiárida, Almaden/Gorrión tuvo que reconocer que el proceso de centrifuga- ción y lixiviación de mineral necesitaría diariamente cinco millones de litros de agua, cuando la mina estuviera funcionando a plena capacidad. “Eso es el doble de lo que consumen actualmente las 120 comunidades del municipio” según Alejandro Marreros, representante de la Unión de Ejidos y Comunidades Atcolhua.

En su prisa, Almaden había olvidado unas cosas importantes, entre otras, que la Ley Agraria mexicana considera inalienables las tierras de los ejidos, a no ser que en una

 

 

3 Desgraciadamente, el asesinato de Mariano Abarca es sólo un caso entre decenas de otros. Únicamente en América Latina, entre 2000 y 2015, 28 empresas canadienses fueron consideradas responsables de 44 ase- sinatos y 403 heridos (Justice and Corporate Accountability Project, 2016, citado par Joan Kuyek, Macleod Group guest blog, 17 de abril 2019). La ausencia de cualquier investigación seria de parte de las autoridades canadienses sobre esos casos parece indicar que esas víctimas tienen poca importancia en relación con los 63 mil millones de dólares de inversiones de la industria minera en el mundo (ibíd.)

 

asamblea los ejidatarios decidan disolver su comunidad. La concesión estaba dentro de las tierras de algunos ejidos, como en el caso de Tecoltemic (61 familias). En 2015 este ejido interponía una demanda contra Almaden, por haber incluído sus 320 hectáreas de tierra ejidal entre las que se declaran como concesión. Sobre esta base, una juez les otorgó rápidamente un amparo provisional, mientras se resolvía el fondo del litigio. Además, su solicitud de amparo se fundaba sobre el hecho que Tecoltemic es una comunidad indígena, protegida por el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, ratificado por México desde 1992. Dicho Convenio establece que no se puede realizar un “proyecto de desarrollo” (sic) en un territorio indígena sin una consulta “previa, libre e informada” de la población. Lo que Almaden, por supuesto, nunca había hecho, con- fiando en que el permiso otorgado por la Dirección de Minas lo iba a resolver todo.

Mientras tanto, los activistas de la Unión de Ejidos y Comunidades desarrollaban una labor continua de sensibilización con los pueblos que serían afectados por el proyecto, en- señándoles, con el apoyo de videos, las consecuencias catastróficas de las minas de tajo abierto. Frente a los informes técnicos de la empresa, la Unión obtuvo un peritaje que demostraba las consecuencias nefastas que tendría la mina proyectada sobre la salud y el ambiente (PODER et al., 2017). Además la transnacional, para librarse de su obligación a la consulta previa, afirmaba que “no hay indígenas en Ixtacamaxtitlán” (Minera Gorrión, 2018: 41). Con el profesor Alejandro Marreros del CESDER y sus estudiantes realicé un estudio que muestra la presencia de una identidad y de una cultura indígena en muchas comunidades del municipio (Beaucage y Marreros, 2018), ampliando así el peritaje del antropólogo Julio Glockner, que acompañaba la solicitud de amparo de Tecoltemic.

El 22 de abril de 2019, Yolanda Velázquez Rebollo, jueza segunda de distrito en materia de amparo civil, administrativa y de trabajo y de juicios federales en el Estado de Puebla, declaraba que “los títulos de la concesión minera [de Almaden] devienen ilegales porque fueron otorgados si tomar ne cuenta la opinión de la comunidad indi- gena afectada” (Vázquez Rebolledo, 2019: 133). Esta decisión constituye un importante precedente en México, donde el no reconocimiento legal de territorios indígenas siempre hizo muy difícil este tipo de protestas.

La lucha jurídica, sin embargo, sólo constituye una dimensión del combate que se lleva contra el proyecto de Almaden. Como sus concesiones están situadas muy cerca del río Apulco, que cruza toda la parte sur de la sierra, la Unión buscó y obtuvo el apoyo activo de decenas de comunidades indígenas situadas río abajo y que todas serían afectadas por un derrame mayor de materias tóxicas de la mina. Para hacer frente a los proyectos mi- neros e hidroeléctricos que se multiplican en la región, esas comunidades se agruparon hace cinco años en la Asamblea de los pueblos maseual totonaku y mestizo en lucha por la tierra, el agua y la vida. El 22 de junio de 2019, más de dos mil personas respondieron a la convocatoria hecha por la Asamblea en el pueblo de Santa María Zotoltepec, que sería uno de los más directamente afectados, por estar situado a solo dos kilómetros abajo de la mina proyectada. La multitud era tan entusiasta como numerosa bajo una inmensa lona.

 

Los oradores indígenas y mestizos que se sucedieron en la tribuna, oriundos de Ixtacamax- titlán o de comunidades solidarias, afirmaron su oposición al megaproyecto extractivo. Como lo decía uno de ellos: “La ley dice que las comunidades indígenas deben ser consul- tadas. Pues la consulta tuvo lugar hoy y el resultado es: ¡no a la mina!”.

Dos días más tarde, los representantes de la minera venían también a expresar su punto de vista en Santa María, en una “reunión de intercambios” convocada por la SEMAR- NAT. Para compensar los pocos apoyos locales, la empresa había ‘acarreado’ gente desde Veracruz, donde tiene otros proyectos. Los lujosos autobuses rentados para la ocasión con- trastaban con las camionetas que traían a los campesinos desde los pueblos vecinos.

Los 1 200 participantes primero escucharon una larga presentación por tres repre- sentantes de Almaden/Gorrión. Estos les repitieron, una vez más, que no van a utilizar aguas subterráneas, sino “agua de lluvia” y que no van a contaminar el medio ambiente porque van a “filtrar el agua contaminada y depositar los desechos secos en las tepeta- teras”. Y que además van a crear “más de cuatrocientos empleos”.

Esas afirmaciones, los habitantes del lugar ya las han escuchado mil veces, y no los conviencieron tampoco esta vez. En la veintena de testimonios que siguieron, los ponen- tes locales expusieron, calmada y firmemente, las razones que fundan su oposición al proyecto: las fuente que se secaron después de los barrenos, la parcela de riego tuvo que ser abandonada, la polvareda y el ruido de los camiones que alcanzan niveles inso- portables y eso, cuando el proyecto apenas estaba en su etapa de exploración. “Hemos heredado estas tierras de nuestros abuelos y queremos que nuestros hijos y nietos pue- dan seguir viviendo aquí”. Viendo que no podían dominar el público, los partidarios de la mina, que venían en gran parte del exterior, empezaron a abuchear a los ponentes del pueblo: el funcionario de la SEMARNAT que presidía la asamblea tuvo que imponer el orden más de una vez.

La mayoría de los ixtacamaxtitecos, indígenas y mestizos, ya entendieron que los pocos beneficios que les prometen no valen la desaparición de sus milpas y magueyales ni el agotamiento de sus preciosas fuentes de agua. También saben que la empresa trae- ría desde afuera a sus trabajadores especializados (barrenadores, gruístas) y que a los locales les quedarían sólo unas labores no especializadas. Por supuesto, acogieron muy favorablemente el dictamen de la jueza de distrito. Pero también saben que los intereses que están en juego rebasan mucho el distrito e incluso el estado de Puebla: el dictamen cuestiona toda la política minera del gobierno mexicano. El actual secretario de SEMAR- NAT tiene una larga trayectoria de apoyo a las luchas campesinas e indígenas. Sin em- bargo, dentro mismo del gabinete, va a tener que enfrentarse a pesos pesados como la Secretaría de Economía (de la que depende la Dirección de Minas) que apoya sin reserva las inversiones mineras y petroleras. Como lo coreaban cientos de participantes a la Asamblea del 22 de junio: “¡Zapata vive, vive! ¡La lucha sigue, sigue!”.

No hay que lamentar ningún homicidio en Ixtacamaxtitlán a pesar de lo duro de la lucha actual. Lo decía uno de los participantes: “Si queremos evitar el desmadre, no hay que dejar que se instalen”.